SAN FRANCISCO – Un juez federal emitió una orden preliminar para evitar que el gobierno siga haciendo cumplir una ley que hubiera permitido el acceso a los registros de la seguridad social con el objeto de aplicar ciertas leyes migratorias. De esa manera, dicho juez se aseguró que los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes legales no pierdan sus puestos de trabajo debido a errores en la base de datos de la Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés). Dicha orden preliminar evita la implementación – por lo menos hasta que la corte tome una decisión final luego del juicio – de una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que castigaría a los empleadores si es que no toman las medidas necesarias luego de recibir cartas de la SSA advirtiendo sobre posibles inconsistencias en los números de seguridad social presentados por algunos trabajadores (las llamadas “no match letters”, o “cartas sobre inconsistencias” o “cartas sobre discrepancias”).

El juez Charles R. Breyer de la corte distrital de Estados Unidos halló que “la propuesta del gobierno de diseminar las cartas sobre inconsistencias que afectan a más de 8 millones de trabajadores, bajo el tiempo determinado, tendría como resultado la cancelación de empleos a trabajadores legalmente contratados.”

“Este es un paso importante para poder dar marcha atrás con esa norma ilegal, la cual le daría a los empleadores un poder aún mayor para evitar que los trabajadores puedan establecer sindicatos”, dijo John Sweeney, Presidente de AFL-CIO. “Más del 70% de las discrepancias halladas por SSA son sobre ciudadanos de Estados Unidos y, tal como concluyó el juez Breyer, el envío por correo de estas cartas o “no match letters” causaría un daño irreparable a trabajadores y empleadores inocentes.”

Lo que hemos presenciado el día de hoy es el resultado de un juicio presentado el mes de agosto por la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), el Sindicato de Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés), el National Immigration Law Center (Centro Legal sobre Inmigración Nacional, o NILC por sus siglas en inglés) y el Central Labor Council de Alameda County, junto con otros movimientos laborales locales. Entre los cargos presentados en dicho juicio, los grupos manifestaron que dicha norma viola la ley y los derechos de los trabajadores, imponen tremendas cargas en los empleadores, y además causará discriminación entre aquellos trabajadores que son percibidos como inmigrantes.

“Los trabajadores que se hubieran visto más afectados por esta propuesta extrema habrían sido los trabajadores inmigrantes, tanto los indocumentados como los que no lo son”, dijo Sharon Cornu, Tesorera y Directora Ejecutiva del Central Labor Council de Alameda County, AFL-CIO. “Las leyes laborales de Estados Unidos no alcanzan a proteger a los trabajadores, ni a su derecho a la libertad de formar sindicatos, ni al derecho de negociar de manera colectiva. Esta propuesta sería como hacer daño sobre una herida ya existente”.

La corte distrital había detenido de manera temporal la norma del DHS al poco tiempo de que se planteó el juicio, bloqueando asimismo los esfuerzos por parte del gobierno de enviar notificaciones sobre la nueva regulación a aproximadamente unos 140,000 empleadores a lo largo de todo el país. Algunos otros grupos laborales y empresariales se aunaron a los esfuerzos por desafiar la norma. La reciente decisión extiende dicha prohibición de manera indefinida hasta que la corte emita una decisión final sobre este caso una vez haya finalizado el juicio.

Por varios años, la SSA ha enviado estas cartas sobre inconsistencias (“no match letters”) a los empleadores si se daba el caso de que el nombre y el número de seguridad social entregadas por un trabajador en el formulario W-2 no concordaba con la información contenida en las bases de datos de la SSA. Dichas cartas nunca fueron consideradas razón suficiente para creer que el empleado no tenía permiso para trabajar en Estados Unidos, y recientemente los empleadores que recibían dichas cartas no tenían la obligación de tomar medida alguna al respecto. De hecho, existen varias razones por las cuales, de manera inocente, se producen discrepancias, tales como errores administrativos, cambios de nombre debido a matrimonio o divorcio, y el uso de varios apellidos, lo cual es práctica común en muchas partes del mundo.

“El juez vio la necesidad de examinar plenamente el buen criterio de poner los empleos de los trabajadores en riesgo debido al desorden existente en las bases de datos de nuestra seguridad social, el cual además está plagado de errores,” expresó Scott Kronland de Altshuler Berzon LLP, quien presentó su testimonio en la audiencia del día de hoy.

Bajo la nueva norma de DHS, los empleadores que recibiesen estas cartas de discrepancias o inconsistencias iban a tener que despedir a aquellos empleados cuyas discrepancias con la SSA no fuesen solucionadas en un periodo de 90 días luego de haber recibido la carta. Si el empleador no respondía a dicha carta, el Departamento de Seguridad Nacional podía entonces concluir que el empleador había tenido “conocimiento constructivo” sobre el hecho de que el trabajador en cuestión no estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos, y por tanto, se podía proceder a procesar al empleador de manera acorde.

“La administración Bush ha evidenciado una indiferencia cruel hacia los trabajadores legales y ciudadanos del país al adoptar una norma que castiga a trabajadores y empleadores inocentes bajo la figura de ‘el cumplimiento de leyes migratorias’”. La corte expuso las graves fallas de la nueva norma al evidenciar que las cartas sobre discrepancias se apoyan en los registros de la SSA que están llenos de errores, y que la postura de la Administración con respecto al uso de dichos registros era impropia. En lugar de estar castigando a ciudadanos y trabajadores legales, la Administración debería dedicarse a reforzar los derechos laborales y salariales de todos los trabajadores”, dijo Lucas Guttentag, Director del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU, a su vez uno de los abogados en el caso.

“Estamos contentos por el hecho de que el juez vio la necesidad de detener esta norma que hubiera llevado a una mayor explotación y discriminación de trabajadores, añadió Marielena Hincapié, Abogada y Directora de Programas en el NILC. “A pesar de que el DHS quiere usar dichas cartas como una herramienta para hacer cumplir las leyes migratorias, la regulación de dicha norma hubiera hecho poco por reducir la inmigración de personas indocumentadas. Por el contrario, habría alimentado el incremento de las contrataciones “por lo bajo” o “informales” por parte de empleadores que hubiesen preferido evitar presentar los formularios W-2, y en su lugar pagar a sus empleados con dinero en efectivo, lo cual da como resultado un menor respeto a las protecciones básicas de los trabajadores. Las cartas sobre discrepancias simplemente servirían para socavar los derechos laborales de todos los trabajadores.”

La orden del día de hoy fue entregada en la corte distrital del Norte de California de Estados Unidos.

Además del AFL-CIO, que estuvo representado por la firma de abogados Altshuler Berzon LLP, otras partes que participaron en el juicio incluyen el Central Labor Council de Alameda County, representado por ACLU, la oficina de ACLU del norte de California, y NILC, así como San Francisco Labor Council y el San Francisco Building and Construction Trades Council, representado por Weinberg, Roger and Rosenfeld.

Además de Guttentag, Kronland, y Hincapié, se contó con otros abogados tales como Stephen Berzon, Jonathan Weissglass, Linda Lye y Danielle Leonard de Altshuler Berzon LLP; Jonathan Hiatt, James Coppess y Ana Avendaño de AFL-CIO; Jennifer Chang, Mónica M. Ramírez, y Omar Jadwat del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU; Alan Schlosser y Julia Mass de la oficina de ACLU del norte de California; Linton Joaquin y Monica Guizar de NILC; y David Rosenfeld y Manjari Chawla de Weinberg, Roger and Rosenfeld.

Para obtener la demanda presentada, así como otra información útil sobre el juicio, ir a: www.aclu.org/nomatch.