Peligran derechos trabajadores latinoamericanos con alianza comercial AAT
Celeste Drake, especialista en políticas de comercio de la AFL-CIO, recomienda esta reciente publicación de Yorgos Altintzis, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en el sitio web de noticias internacionales Equal Times. En la publicación, Yorgos escribe sobre los varios peligros que los trabajadores podrían enfrentar, incluyendo una democracia debilitada, en caso de que los negociadores dejen que las corporaciones globales tengan demasiada influencia sobre las reglas del tratado de libre comercio AAT (“Trans-Pacific Partnership” en inglés). Entre los países involucrados se encuentra Chile, Perú y México. El comercio beneficia a los trabajadores solo cuando los negociadores dan prioridad a las personas y sus vidas.
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El 22 de agosto, el Gobierno de Brunei iniciará la 19ª ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT), un enorme pacto comercial y de inversiones entre doce países de Asia y el Pacífico. Este pacto incluye a varios países Latinoamericanos, entre ellos Chile, Perú y México, además de otras naciones en todo Norteamérica, Australia, Malasia y Vietnam. El último país en acceder al mismo ha sido Japón.
Aunque los doce países están ansiosos por firmar el acuerdo antes de la Cumbre de los Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, que se celebrará en octubre en Indonesia, es poco probable que se pueda realizar a tiempo.
Con vistas al ingreso de Japón, Estados Unidos anunció el lunes que están haciendo todo lo posible para presentar a Japón una oferta de reducción arancelaria antes de septiembre.
En Japón también se puede sentir la tensión: el Gobierno ha preparado un ejército de 100 negociadores en un intento por ponerse al día con las negociaciones que ya han tenido lugar entre los otros gobiernos.
Sin embargo, por importantes que sean los aranceles para el comercio, las negociaciones se centran en aspectos no comerciales, como el logro de una ‘coherencia normativa’ y de una ‘neutralidad competitiva’.
El acuerdo no solo tiene como objetivo abrir los mercados de los productos y servicios para los doce socios, sino también establecer ‘directrices horizontales’ que dicten cómo se implementarán las normas y qué normas son innecesarias.
Por ejemplo, si un gobierno quiere aplicar normas más estrictas en lo relativo a los residuos de pesticidas en las frutas, tendrá que demostrar que el resultado deseado no se puede lograr con medios no normativos.
Entonces, se animará al gobierno a que lleve a cabo una ‘evaluación del impacto normativo’ (EIN) para medir los costes y beneficios de la normativa.
La EIN es un vestigio de la agenda de liberalización de la era de Reagan, diseñada para aplicarse a nivel nacional.
Uno de los problemas es que, aunque los costes comerciales se pueden calcular fácilmente en términos monetarios, los beneficios sociales, como la salud pública y la protección del medio ambiente, resultan difíciles de calcular.
En lo relativo a estos asuntos, los gobiernos deberían tener libertad para tomar decisiones basándose en criterios políticos, culturales y sociales, y no solo en términos económicos.
Tribunales misteriosos
El AAT también creará tribunales especiales donde los inversores privados podrán presentar demandas contra gobiernos soberanos que apliquen políticas que afecten directa o indirectamente a sus inversiones o beneficios esperados.
Las medidas como el aumento de salarios, la protección de la salud pública mediante leyes antitabaco, la aplicación de políticas de energía limpia o incluso la aplicación de leyes nacionales se podrán apelar.
Los tribunales los gestionará una misteriosa camarilla de bufetes de abogados que desempeñará las funciones de juez un día y de jurado al día siguiente.
La historia demuestra que simplemente amenazando con utilizar un tribunal de este tipo, una empresa puede conseguir amedrentar a un gobierno que quiera diseñar o aprobar nuevas políticas o normas.
Los inversores extranjeros gozarán de un inmenso poder gracias al AAT, aunque éste carece de mecanismos para que los inversores cumplan con sus responsabilidades.
Vea aquí el nuevo vídeo de la AFL-CIO acerca del TPP, realizado en colaboración con trabajadores a través de la Cuenca del Pacífico.
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